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Fuerzas estatales masacran a 37 presos en cárcel de Amazonas
jueves, 17 de agosto de 2017 Publicado por David Pache

Hicieron falta patólogos de Apure y de Caracas para comenzar las autopsias

Una requisa del Ministerio de Interior y Justicia al Centro de Reclusión Judicial de Puerto Ayacucho acabó con la vida del 35 por ciento de la población penal. Las versiones oficiales pretenden minimizar el hecho catalogándolo como un caso de “resistencia a la autoridad” que produjo los “decesos” (como los tildó el Ministerio Público de Tarek William Saab), cuando en realidad la matanza confirma, una vez más, el empeñado carácter violatorio de derechos humanos y las actuaciones plagadas de irregularidades de la dictadura.

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La dictadura de Nicolás Maduro anota otra masacre en su prontuario. Una requisa, por parte del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia (Mpprij) en el Centro de Reclusión Judicial del estado Amazonas, en Puerto Ayacucho, terminó con 37 presos asesinados.

El primero en informar al respecto fue el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla. En su cuenta de Twitter, @LiborioGuarulla, informó que una “comisión especial” del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia fue la responsable de las muertes.

Luego, por vía telefónica, señaló la presunción de que fue una comisión mixta del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Un comunicado de la Región de Defensa Integral Guayana apunta, además, a la participación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Es ese mismo comunicado el que sentencia la causa de la masacre: resistencia a la autoridad. “En momentos que funcionarios se disponían a ingresar, se originó un intercambio de disparos resultando seis funcionarios heridos y 37 privados de libertad abatidos”.

Dudas

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La requisa comenzó a las 11:00 de la noche del martes. Los comunicados no especifican el número de funcionarios que entraron en la cárcel.

Guarulla afirma que, más que simple requisa, “fue una toma ejecutada a sangre y fuego”. La conclusión está exenta de ser calificada como exageración si se considera, entonces, que fue aniquilado el 35 por ciento de la población carcelaria.

“Había 105 detenidos. Y hay 37 cadáveres de lo que, en principio, fue una requisa para desarmar a la población detenida”.

Hasta la noche del miércoles, los cadáveres estaban apilados en la morgue del Hospital José Gregorio Hernández, en Puerto Ayacucho. Varias familias de Amazonas se agolparon en la puerta para esperar las autopsias y saber, a fin de cuentas, si alguno de sus allegados estaba entre las víctimas. Entre los asesinados por las fuerzas de la dictadura.

Prevalece la opacidad

 

Ayacucho2La GNB reprimió a las familias de los presos que se acercaron al retén

 

El Ministerio Público confirmó a través de su cuenta de Twitter lo ocurrido. Aunque calificó el hecho como “decesos que ocurrieron durante la toma del Centro de Detención Judicial”.

La Defensoría del Pueblo del estado Amazonas también confirmó, aunque prefirió hablar sobre 37 desaparecidos.

El gobernador Liborio Guarulla resaltó, además, que una comisión de patólogos de Caracas y del estado Apure está en Puerto Ayacucho para las autopsias.

El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, resaltó la dificultad, debido a la poca transparencia en torno del caso, que tuvieron los observadores para precisar los datos sobre la masacre.

¿Quién responde? 

Fue justamente el Observatorio Venezolano de Prisiones el que en marzo exigió al entonces defensor del Pueblo, Tarek William Saab (hoy designado fiscal general de la República por la asamblea constituyente de la dictadura madurista), posiciones firmes sobre la crisis carcelaria, a propósito del hallazgo de una fosa común en la Penitenciaría General de Venezuela.

 

PuertoAyacuchoEl 35 por ciento de la población penal fue aniquilada

 

¿Cómo se tradujo la exigencia? En la necesidad de frenar las desapariciones forzosas de los presos, cuyas vidas son responsabilidad exclusiva del Estado venezolano.

“El Estado por mandato constitucional es responsable de la vida de las personas privadas de libertad. No puede pretender descargar lo acontecido como un asunto entre internos”, recordó. Por cierto, el defensor no respondió al comunicado.

Tres meses después, la ONG Acceso a la Justicia recordó el aumento de la criminalidad dentro de las cárceles debido al hacinamiento, derivado del retardo procesal.

No se trata, por tanto, de un hecho aislado en el que unos reclusos se opusieron a una requisa. Se trata, sí, de una política del crimen fomentada desde la permisividad de un Estado fallido (y, por tanto, ineficaz), hoy convertido en dictadura.

 



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David Pache

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